SELLARÈS ASSESSORS, S.L.

NO HAY PUBLICACIONES

APARTADOS DEL BOLETÍN

Ayuda
x

Ayuda a la busqueda de artículos

La búsqueda se realizará sobre los artículos que pertenezcan a las publicaciones del producto seleccionado.

Si introducimos más de una palabra, el resultado de la búsqueda será todos los artículos que contengan al menos una de las palabras.

Si introducimos varias palabras entre comillas, el resultado de la búsqueda será todo artículo en el que aparezca exactamente la frase escrita en el buscador.

Ejemplo: "Obligaciones del empresario"

Las CCAA informarán a Hacienda en el primer trimestre de 2022 de la ejecución de las ayudas directas

Las comunidades autónomas tendrán que rendir cuentas ante el Ministerio de Hacienda durante el primer trimestre de 2022 sobre la gestión y ejecución de los 7.000 millones de ayudas directas incluidos en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Las comunidades son las que gestionarán estas ayudas, que podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de este año. Después, tendrán tres meses para informar a Hacienda de la ejecución de las mismas. En concreto, en el primer trimestre de 2022, remitirán al Ministerio de Hacienda un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año.

Además, el saldo no ejecutado ni comprometido a 31 de diciembre de 2021 deberá reintegrarse al Ministerio de Hacienda, por lo que las comunidades tendrán que presentar el informe de sus respectivos órganos de intervención y control en el que se acredite y certifique el importe del reintegro.

Asimismo, en el primer trimestre de 2023 las comunidades autónomas remitirán al Ministerio de Hacienda los reintegros de ayudas derivados del incumplimiento de las condiciones establecidas para su concesión.

El decreto aclara que será «responsabilidad» de las comunidades destinar estos recursos a la finalidad para la que han sido concedidos, por lo que deberán proceder a un «adecuado control de los fondos recibidos que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los mismos por los perceptores finales».

Por ello, las comunidades, gestoras de los fondos, serán las responsables de rendir cuentas, en su caso, ante los órganos de control externo, sin perjuicio de las funciones de control y verificación del cumplimiento de estas obligaciones que pudiera realizar la Intervención General de la Administración del Estado, precisa el decreto.

Igualmente, el Ministerio de Hacienda y las comunidades suscribirán un convenio que articule la colaboración entre ambas administraciones de cara a la ejecución de las ayudas directas, que incluirá el intercambio de información entre las administraciones tributarias; la mención en todas las actuaciones y soportes que se utilicen al origen de los fondos que financian estas ayudas, señalándose que son financiadas por el Gobierno de España; y la obligación de suministrar información detallada sobre las convocatorias realizadas y los resultados de las mismas.

De su lado, las empresas beneficiarias de estas ayudas deberán justificar ante el órgano concedente el mantenimiento de la actividad que da derecho a las ayudas a 30 de junio de 2022. En caso contrario, se procederá el reintegro de las mismas.

Agencia Europa Press

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple 50 años

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, conmemora el 50 aniversario de su creación. El INSST es el órgano científico-técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Es, además, un centro de referencia nacional antes las instituciones europeas, en particular respecto a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su Red.

«Hablar de trabajo decente es hablar de mejorar también las condiciones de seguridad y salud. El INSST está implicado en la implantación de una verdadera cultura de la prevención, que minimice los riesgos laborales y convierta nuestros centros de trabajo en espacios seguros», señaló la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la conmemoración de este 50 aniversario. También recordó: «Desde el Ministerio de Trabajo nos hemos implicado en la reducción de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y en esta tarea el Instituto desarrolla papel un capital».

Además, destacó la labor desarrollada por el INSST durante la crisis sanitaria: «El INSST ha revelado, más que nunca, la importancia de sus funciones. Con rigor y mirada científica, haciendo valer los estándares normativos, informando, asesorando y verificando unos equipos de protección, imprescindibles, durante la pandemia, para proteger nuestra salud y nuestra integridad física, en los centros de trabajo y en nuestra vida cotidiana».

Con una dotación presupuestaria de 41,6 millones de euros, un 6 % más que en el presupuesto inicial de 2020, el refuerzo del INSTT es una actuación prioritaria del Ministerio de Trabajo para 2021 con el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores, especialmente los que desarrollan su actividad en entornos peligrosos.

Agencia Europa Press

EIT InnoEnergy impulsa un nuevo fondo con 25 millones para startups energéticas

EIT InnoEnergy ha impulsado el lanzamiento del fondo Enion I Energy Fund, con un importe de 25 millones de euros, destinado a ofrecer nuevos mecanismos de apoyo financiero a startups tecnológicas, principalmente en España, que desarrollen propuestas con impacto en la transición energética, informó la sociedad.

En concreto, el fondo será gestionado por Enion Venture Partners, gestora que acaba de obtener la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Está planificado un primer cierre en 20 millones de euros durante el segundo trimestre de este año y empezar a invertir cuanto antes en el pipeline de oportunidades de inversión ya identificadas, contribuyendo así a la aceleración de la transición energética en España.

El fondo cuenta con el apoyo de inversores institucionales relevantes incluyendo compromisos por un importe agregado de 17 millones de euros, por parte de FondICO Global, el «fondo de fondos» gestionado por Axis, el brazo de capital riesgo del banco público dependiente del Ministerio de Economía en España, del ICF; entidad financiera pública de Cataluña o también de Power Electronics, empresa de tecnología aplicada al sector energético con presencia en más de 100 países.

Enion se centrará en startups tecnológicas con soluciones relacionadas con las energías renovables y la generación distribuida, el almacenamiento de energía incluyendo el hidrógeno verde, la movilidad eléctrica, las redes inteligentes y flexibles, el comercio de energía peer to peer o la energía para la economía circular.

Agencia Europa Press

Empresas en concurso de acreedores: pocas opciones para los consumidores

Si los pronósticos más pesimistas se cumplen, y las ayudas directas no son suficientes, en los próximos meses podríamos ver un verdadero aluvión de concursos de acreedores. ¿Cómo afecta esto a los consumidores que tenían contratados bienes o servicios con una empresa que se declara en concurso? «Poco o nada», reconoce Mateo Juan Gómez, socio del Bufete Buades. «Las únicas —y escasas— medidas de protección hay que buscarlas en la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios o la Ley de Crédito al Consumo o en la propia normativa concursal», añade.

Si una persona ha comprado algún producto y este continúa estando localizado y en poder del concursado, se puede recurrir a la Ley Concursal, que establece que «serán entregados a sus legítimos titulares, a solicitud de estos», explica Gómez, especialista en derecho concursal y derecho de los consumidores.

Si se sospecha que la empresa va a presentar concurso, puede optarse por el desistimiento del contrato, si no han pasado más de 14 días desde su firma.

Otra opción es «averiguar si existen garantías asociadas a la prestación del servicio», ya que «algunas actividades empresariales exigen para su ejercicio la previa concertación de determinadas garantías que cubran los perjuicios a los consumidores». En estos casos, «lo más recomendable sería ejecutar la garantía y reclamar el crédito que corresponda a la entidad fiadora».

Este último caso es el que presenta mejores perspectivas para que los consumidores puedan ver reestablecidos sus derechos frente a los que simplemente tenían contratada una prestación de servicios. Además, también «será más utópica la expectativa de recuperar la inversión realizada en aquellos casos en que el empresario carezca de inmovilizado», explica Gómez.

La inevitable insolvencia

El problema siempre será el mismo: la liquidez de la empresa en concurso porque «en la mayoría de los supuestos carece de ella y el consumidor ve reconocido en el concurso su crédito y la obligación del concursado de pagarle lo que corresponda, pero dicho pago no se materializa por la falta de capital».

Aunque el Gobierno ha prorrogado hasta final de año la moratoria concursal, que terminaba en un primer momento el pasado 14 de marzo, muchos expertos siguen temiendo que ni esta medida ni el paquete de ayudas directas aprobado sean suficientes para evitar el aluvión de concursos que se prevén en el medio plazo, y creen que solo servirá para prolongar la agonía de empresas que llegarán demasiado débiles a la inevitable insolvencia.

Consejo General de la Abogacía Española

UNE publica la especificación para reducir riesgos frente a la COVID-19 en el trabajo

La Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado la «Especificación UNE-ISO/PAS 45005 Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Directrices generales», para un trabajo seguro durante la pandemia de COVID-19, según ha informado en un comunicado.

Este estándar proporciona orientación a las organizaciones sobre cómo gestionar los riesgos de la Covid-19 para proteger la salud, seguridad y bienestar en el lugar de trabajo. Su intención es complementar las directrices y regulaciones nacionales existentes.

UNE, de entre expertos de 26 países, trabajó para establecer estas directrices en forma de una especificación disponible públicamente (PAS), que fue aprobada por los 80 países miembros del Comité Internacional de Normalización ISO/TC 283 Gestión de seguridad y salud ocupacional.

«Este formato permite que el documento se actualice en su forma actual o se desarrolle en un estándar formal, según el curso futuro de la pandemia y la aparición de nueva información y situaciones estratégicas para las empresas», ha explicado la asociación.

La ISO/PAS 45005 se desarrolló en solo tres meses para responder con eficacia ante la situación de emergencia. UNE ha explicado que este documento está dirigido a organizaciones de todos los tamaños y sectores, incluidas aquellas que están trabajando durante la pandemia, van a reanudar o planean reanudar las operaciones después de un cierre total o parcial, vuelven a ocupar los lugares de trabajo que hayan sido cerrados total o parcialmente, o son nuevas y está previsto que operen por primera vez.

También proporciona orientación sobre la protección de los trabajadores de todo tipo y otras partes interesadas relevantes.

Sin embargo, la organización ha advertido de que el documento no está destinado a proporcionar consejos sobre cómo implementar protocolos específicos de control de infecciones en entornos clínicos, sanitarios y de otro tipo. «El Gobierno, agencias reguladoras y las autoridades sanitarias proporcionan la legislación y directrices aplicables para los trabajadores en estos entornos o en funciones relacionadas», ha añadido.

Agencia Europa Press